Sin ellos no hay justicia

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Sin ellos no hay justicia.

Octavio Nava

40 mil desaparecidos

El salón de tesorería de Palacio Nacional pocas veces ha recibido tantos ojos que han derramado infinidad de lagrimas emergidas del dolor y la desesperación, mujeres, hermanas, hijas esposas familiares de los mas de 40 mil desaparecidos desde el 2000 hasta la fecha aguardan calladas la conferencia, varios cientos de fotografías de los eternos ausentes están presentes también, todos con la infame palabra en el borde inferior, desaparecido.

La realidad golpea a cualquier conciencia, mujeres en su mayoría con varillas en mano buscan incansablemente en terrenos baldíos hasta encontrar fosas clandestinas, adolecentes que son secuestrados ante la mirada impotente de sus familiares, jovencitas subidas a carros sin placas, hombres arrancados con violencia a las tres de la madrugada por comandos armados escenas que se repiten constantemente a lo largo del territorio nacional, camiones deambulando cargados de cadáveres dejando un olor fétido a muerte.

La ley que entró en vigor el 4 de Febrero del año pasado y se implementó en Noviembre señala puntualmente la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de desaparecidos, esta institución es un logro gracias a la lucha extenuante de los familiares de victimas – desaparecidos, colectivos y organismos de la sociedad civil que asesorados y acompañados por instituciones extranjeras no dejaron de insistir a los gobiernos indolentes de las administraciones de Felipe Calderón, Vicente Fox Quezada y Enrique Peña Nieto.

El actual gobierno de López Obrador reconoce la crisis humanitaria que vive el país como consecuencia de la violencia en materia de violación a los derechos humanos con lo que respecta al atroz delito de desaparición de ciudadanos.

Alejandro Encinas quien es subsecretario de Derechos Humanos y Migración reconoció que la búsqueda de desaparecidos en las administraciones anteriores solo fueron simulaciones, reconoce la gravedad del problema y que esta debe ser tratada como una crisis humanitaria, con la implementación del Sistema Nacional de búsqueda se debe de tener objetivos claros diseñar políticas adecuadas todas bajo los diversos órganos de gobierno, para apoyar a la Doctora Carla Quintana quien es la titular de la comisión nacional de búsqueda, ésta deberá coordinar los esfuerzos apoyados en todo momento de los colectivos y familiares victimas de la desaparición, solo autoridades y gobernados pueden resarcir este flagelo social que lastima a todos los mexicanos.

Encinas afirmó que aun falta mucho por hacer ya que solo 13 de los 32 estados tienen comisiones locales de búsqueda, apremio a los gobernadores para que en breve se tengan dichos organismos en todo el territorio, puso como ejemplo el Estado de Coahuila quien esta a la cabeza del programa, Veracruz ya implemento una alerta de crisis humanitaria con respecto al feminicidio y Jalisco vive una emergencia en materia de forense.

Reconoce también que hay entidades donde es necesario cambiar el margen jurídico, en materia de presupuesto aunque se ejercerán 490 millones aun es insuficiente, de estos el cincuenta por ciento será destinado a labores de búsqueda.

Uno de los grandes retos es la emergencia en lo que respecta a la identificación de cadáveres, son 26mil que no están identificados sin contar los 11mil mas que se sumaron en este primer cuatrimestre, a todas luces la guerra contra el crimen organizado la va perdiendo el gobierno, matanzas colectivas ahora se suman a este teatro de atrocidades, los casos de Minatitlán, Veracruz y Tabasco son una bofetada en la administración López Obradorista, la delincuencia no solo esta imparable sino que va en aumento en su vorágine de terror, hay 50 municipios que ya registran números como si estuvieran en una guerra civil datos que proporciona la misma ONU.

Aunque se creó un numero especial para denuncias directas en lo que respecta a desaparición forzada y una unidad especial que estará enfocada a los casos de la llamada guerra sucia periodo que comprende de 1965 a 1974 cuando florecieron los movimientos armados en México, donde se combatió a los guerrilleros con tortura desaparición forzada, secuestro, asesinatos extra judiciales, violación y asesinato por parte de elementos policiacos y militares, aun no hay resultados, no se se ha hecho público en lo que respecta a llevar culpables a la justicia, sigue permaneciendo el contexto de violación garante a la justicia para las victimas de tan atroces hechos.

El rostro de la impunidad solo ha sido confrontado por la lucha de los familiares y de los colectivos de las familias y amigos que tratan de conocer el paradero de sus victimas, de la autoridad no hay ningún avance no hay militares o policías cesados mucho menos puestos ante la justicia para que paguen sus actividades criminales.

La propuesta de la Guardia Nacional ya en funciones es la mayor carta de López Obrador para tratar de bajar la violencia, pero en si misma lleva el huevo de la serpiente incrustado, el tener a integrantes del ejercito en sus filas de los cuales ninguno ha sido castigado y llevado a la justicia por los incontables delitos de tortura, asesinatos extra judiciales, violencia excesiva, casos aberrantes que salpican a los altos mandos del ejercito como Tlatlaya o Ayotzinapa donde no solo no apoyaron a la población sino que fueron a todas luces los ejecutores de dichas matanzas y desapariciones a pesar del alto grado de mentiras y verdades históricas que han publicado la mayoría de los medios.

No solo es llenar de militares cambiándoles el uniforme, colocar retenes en las calles y los pueblos, intervenir teléfonos detener sin orden del juez atribuciones que ya les dieron legalidad a los militares, es entender que la crisis de violaciones a los derechos humanos en esta mal llamada guerra contra el crimen organizado en parte es responsabilidad del estado, nadie quiere recordar que los 64 elementos que fueron el núcleo central de los zetas organización criminal que llevo la violencia a una escala superior de crueldad fueron integrantes del grupo aerotransportado de fuerzas especiales gafes, entrenados y cuerpo elite del ejercito mexicano, y hasta la fecha ningún mando militar ha sido juzgado por ello, muchos de los jefes de plaza recibieron o fueron integrantes de las fuerzas armadas, les pagamos su entrenamiento para que ellos después nos asesinen.

Es deber del estado mexicano dar pasos firmes y concretos para resolver realmente el problema, grandes retos se le presentan a Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al subsecretario Alejandro Encinas, los funcionarios tienen que mantener un dialogo abierto con todos los sectores de la sociedad, familiares de las víctimas, organizaciones sociales, lideres empresariales para tratar de lograr un paz estable pero con justicia recordemos las palabras anónimas de un familiar de un desaparecido pueden ser muchas las cosas que se hagan para llevar a la justicia a los responsables, saber que al fin que quien fue el culpable pago, pero esto nunca me dejara completo, a él le arrebataron la vida y jamás regresará.

Si el gobierno actual de los tres niveles no atiende el problema, y sigue culpando a las administraciones anteriores solo provocará que la sociedad reaccionara, y desesperada comenzara a defenderse y que después los funcionarios públicos que administran el actual gobierno no se aterren de que en realidad si vivamos ya una guerra civil, y ahí si despertarán al tigre y nadie lo podrá controlar.


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