Ayotzinapa, la suposición fundamentada
Por Gustavo Baltazar
El 26 de junio una juez federal dictó formal prisión a a ocho militares; además detuvieron a Gualberto Ramírez Gutiérrez. Los militares son integrantes del 27 Batallón de Infantería y el civil es extitular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO. Todos enfrentarán un proceso judicial por el caso Iguala.
La Fiscalía General de la República (FGR) proporcionó las pruebas necesarias para iniciar con el proceso por el delito de desaparición forzada. Esto de acuerdo con la jueza segunda de distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
Los procesados formaban parte de la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable del crimen en 2014. La información partiría de los dichos de un testigo protegido: “Juan”, reportó en una nota REFORMA.
Pasaré a hacer un ejercicio de “suposición fundamentada”.
La FGR estaría apoyando sus investigaciones en los dichos de Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, uno de los líderes de Guerreros Unidos.
El hecho es un poco cuestionable, ya que “Juan” habría aportado versiones contradictorias de la noche de Iguala. También en 2015, cuando lo detuvieron, hubo indicios de tortura, como indica el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
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Las contradicciones
En su primera declaración ante el Ministerio Público, “El Cabo Gil” aceptó que dio órdenes para asesinar a los estudiantes normalistas e incinerarlos.
Pero López Astudillo dijo esto bajo tortura e, incluso, varios ensayos grabados ante personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En posteriores entrevistas “El Cabo Gil” también negó su participación directa en la desaparición de los estudiantes; además, dijo que los desaparecidos no fueron incinerados en el basurero de Cocula.
López Astudillo también dijo que los estudiantes fueron desaparecidos en dos grupos: uno fue llevado al poblado Lomas de Coyote y otro hacia Taxco, en Tijeritas, donde fueron “cocinados y hechos agua”.
“El Cabo Gil” indicó que los normalistas fueron entregados por policías de Iguala y Cocula a los sicarios de Guerreros Unidos. Sin embargo, no mencionaba la participación de algún miembro del ejército.
Luego negó sus propias declaraciones y denunció que sufrió tortura cuando fue detenido, versión que el mismo informe médico de la PGR después confirmó.
La FGR no pudo presentar evidencias contra Gildardo López Astudillo y lo tuvieron que liberar en 2019, cuando un juez desestimó más de la mitad de las pruebas en su contra.
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Temor fundamentado
“El Cabo Gil” habría participado en la noche de Iguala coordinando a sicarios y entablando reuniones con policías en su casa, de acuerdo con el informe del GIEI. Pero ahora es un testigo colaborador y sus declaraciones condujeron a dictarle prisión a varios presuntos involucrados.
Además, también surgió la información de que Ramírez Gutiérrez solicitó convertirse en testigo colaborador… El acuerdo nunca llegó, pues Alejandro Gertz Manero ni siquiera respondió su solicitud.
A casi nueve años de la noche de Iguala los familiares de los normalistas desaparecidos están preocupados por la próxima salida del GIEI del país, prevista para el próximo mes.
Fundadamente (como no lo está la investigación del caso), temen porque tienen desencuentros con la Secretaría de la Defensa en el manejo de la información y debido a los devaneos en las versiones…
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