Los frentes en la lucha por el agua
Columna: Calibán
Por Gustavo Baltazar López
Si Chihuahua está convertida en una zona de guerra por el agua, entonces las balas de goma disparadas contra agricultores y los vehículos incendiados sólo son la primera línea de defensa en esta lucha.
El pasado miércoles, mientras manifestantes quemaban camionetas y bloqueban las calles de Delicias en protesta por el incumplimiento del acuerdo verbal hecho por la CONAGUA para posponer la extracción de agua de la presa “Las Vírgenes”, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) celebraba una reunión con la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Además de informar sobre el compromiso de las empresas de la asociación para invertir mil millones de dólares en el sector, el director general de AMEXHI, Merlin Cochran, manifestó su preocupación por algunos artículos del proyecto de iniciativa para la nueva Ley General de Aguas, la cual prohibiría la extracción y exploración mediante la técnica del fracking. Otro frente se estaba abriendo.
Un día después de las protestas en Delicias (con saldo de 17 detenidos, el deslinde de los agricultores respecto de los destrozos y de saber que las instalaciones de la CONAGUA fueron quemadas), Roberto Velasco, el director de América del Norte de la Cancillería, dijo que Estados Unidos envió a México una nota diplomática asegurando que del lado norteamericano también hay presiones para que se pague el agua que nuestro país adeuda desde el quinquenio 2010-2015 por un tratado binacional de 1944.
La condición para el relativo cese a pugnas como las de Chihuahua tal vez se daría si hoy las más de 500 mil concesiones de agua que hay en México tuvieran un sentido más social que el reconocido por la Ley de Aguas Nacionales, que en 1992 el salinismo creó de cara al Tratado de Libre Comercio y que ha beneficiado más a la corporación y la industria.
Pero la batalla en el frente legislativo, impulsada por la iniciativa ciudadana, está atascada desde hace poco más de ocho años, cuando por mandato constitucional se ordenó que en un plazo de 360 días se promulgara una Ley General de Aguas, que hasta la fecha no se ha realizado.
Los más 100 acuíferos sobreexplotados (de 653 en el país), las dos terceras partes de las 700 cuencas hidrográficas contaminadas y los conflictos sociales por el agua (en el 2015 la SEMARNAT reconocía sólo 50) aún no han sido suficientes para encaminarnos a una gestión de nuestros recursos hídricos con más participación ciudadana, con más sentido social y con mayor conciencia ambiental.
En Chihuahua la violencia ya se dio porque los agricultores demandan que la información sobre el suministro a Estados Unidos sea tan clara como el agua que necesitan para finalizar el ciclo agrícola, el cual también exigen pueda garantizarse. Los otros frentes también podrían abrirse si la negligencia persiste y la urgencia se enturbia.
