Masacre en Tamaulipas: suposición contra seguridad
Columna: Calibán
Por Gustavo Baltazar
Hace una semana que la masacre de Nuevo Laredo, Tamaulipas, encendió el debate por el empleo de militares en labores de seguridad… otra vez.
La madrugada del domingo 16 de febrero cinco civiles fueron asesinados por elementos castrenses. Abrieron fuego en su contra cuando viajaban en una camioneta a la salida de un antro.
De acuerdo con los militares que participaron de esa noche, ellos dispararon sus armas en contra de la camioneta porque se les había marcado el alto e hicieron caso omiso; además, escucharon una detonación al interior del vehículo que los alertó.
Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por El Universal, uno de los sobrevivientes de aquella noche dijo que al salir de la discoteca como a las cuatro de la mañana, iban en la camioneta y solo sintieron que los chocaron en la parte trasera del vehículo.
“Nadie nos venía siguiendo, no nos marcaron el alto ni hicieron algún llamamiento. De pronto vimos que atrás venía una camioneta de soldados con las luces apagadas. Nos chocaron y en menos de un minuto empezaron los balazos”, reportó el diario.
Las versiones de aquella noche se encuentran en fuego cruzado.
Masacre de militares en Tamaulipas; una respuesta escueta de autoridades
Lo que sí es certero fue uno de los tiros de los militares, en los actos de Tamaulipas, sobre una de las víctimas. ‘El cadáver C’, quien “tenía un solo impacto, con ‘orificio de entrada por arriba de la oreja izquierda y con orificio de salida en la región posterior del cráneo, que ocasiona estallamiento craneal con exposición de masa encefálica’”, reportó también El Universal, quien presume haber tenido acceso a reportes periciales.
Lo que también es seguro es que, de acuerdo con REFORMA, las quejas en contra de la actuación del ejército mexicano han aumentado durante los últimos tres años y solo han bajado en el 2020, cuando los militares fueron empleados en tareas de combate a la COVID-19.
El más adecuado empleo de militares en labores de protección civil es producto de una enfermedad.
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También es seguro que, durante una conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que aunque se trate de “supuestos sicarios” no se puede permitir que los militares ejecuten a civiles.
Y también es que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia Militar, cuatro de los militares que participaron de estos hechos son sometidos a un proceso de investigación por “desobediencia”. Según el informe, los elementos castrenses habrían disparado en contra de los jóvenes sin que el comandante se los haya ordenado.
Continua el abuso de autoridad
Otra vez la definición es clara: es más penado el desacato y la suposición que el ataque errado. La seguridad no permite suposiciones, ni alegórica, ni literalmente.
También faltar a la cadena de obediencia. ¿A dónde vamos si los militares no pueden confiar ni en ellos? El Estado se desmoronaría, pues no habría organización del poder.
Por eso es más penada esa falta de respeto a la cadena de mando que el asesinato, aunque sea de alguien a quien el monopolio de la violencia debería de proteger.
Y en este ejercicio de la seguridad, el Estado no solo niega la vida de los civiles a los que ejecutó a través del desacato militar, sino que niega a la voluntad que de él se escapa: toda la humanidad.
