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Se castigará el matrimonio infantil en México

La lucha finalmente se ganó. El Senado de la República aprobó con unanimidad el proyecto que penaliza el matrimonio infantil forzado de menores, que se castigará con cárcel de ocho a 15 años y una multa; ascenderá hasta 22 años si la víctima es integrante de una comunidad indígena o comunidad afromexicana.

Esta minuta estuvo congelada durante un año. Este miércoles 14 de febrero, una vez aprobado, fue enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación y entrada en vigor.

Esta reforma fue aprobada con 90 votos por parte de todas las bancadas; dice que cohabitación forzada es la que se comete en contra de las personas menores de 18 años, que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), arrojó que 423,000 niñas fueron obligadas a casarse; 339,000 a través de un robo o intercambio.

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Qué implica el matrimonio infantil

Este delito se «comete cuando “quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.

Las multas para el delito de cohabitación forzada o matrimonio infantil pueden ser de mil a 2,500 salarios mínimos vigentes, que es aproximadamente de $207,440 pesos a $518, 600 pesos.

Consecuencias

El dictamen establece que a consecuencia del matrimonio infantil, las niñas y los niños, así como las y los adolescentes, “pierden la libertad de relacionarse con personas de su edad, participar en actividades comunitarias, sus oportunidades educativas se reducen, así como la construcción de un proyecto de vida”.

En estos casos, las y los menores pueden ser víctimas de otros delitos como el trabajo forzado, la prostitución, la violencia física y mental, embarazos prematuros y el riesgo constante de enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

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Las diputadas Karen Michel González Márquez del Partido de Acción Nacional (PAN) y la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) trajeron la discusión a la mesa, que fue aprobada inmediatamente, a reserva de una petición para elevar los años de prisión. Sin embargo pasó al Senado de la República donde estuvo parada un año.

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