Azúcar, la palabra que sacude al sector sucroquímico y agroindustrial en México, se encuentra bajo un estricto proceso de revisión y control regulatorio. Tras un repunte sin precedentes en el ingreso de endulzantes provenientes del exterior, la Secretaría de Economía implementó un mecanismo de control comercial para asegurar la transparencia, proteger la economía de las regiones cañeras y erradicar prácticas fraudulentas que ponían en riesgo la competitividad del producto nacional.
Radiografía del mercado: El inusual repunte de las compras externas
De acuerdo con los registros oficiales de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior y los análisis de la Secretaría de Economía, el mercado mexicano experimentó una transformación drástica en sus flujos comerciales recientes. Entre los periodos de 2019 a 2022, el promedio de inversión anual en importaciones de azúcar rondaba los 41.5 millones de dólares. Sin embargo, para el bienio 2023-2024, esta cifra escaló de forma radical hasta los 533.3 millones de dólares, lo que representó un incremento de doce veces el valor registrado previamente.
En términos de volumen, el contraste es todavía más evidente. Mientras que entre enero de 2019 y abril de 2023 las importaciones definitivas promediaban un ingreso mensual de 2,185 toneladas, a partir de mayo de 2023 y hasta el cierre de 2025 el flujo se disparó a 35,872 toneladas al mes. Este incremento, equivalente a un 1,542%, encendió las alertas de las autoridades debido al desplazamiento directo que sufría el azúcar producido por los ingenios nacionales.
Carbón por azúcar: Las preocupantes mañas del contrabando internacional
El origen de la medida gubernamental no responde únicamente a una cuestión de libre mercado o fluctuación de precios. Detrás de este repunte masivo se identificó una elaborada estrategia de evasión fiscal y arancelaria, concentrada principalmente en la frontera sur con Guatemala.
Inspecciones aduaneras detectaron el ingreso formal de supuestas mezclas alimenticias, polvos y preparados en gránulos que buscaban clasificaciones arancelarias alternativas para burlar el impuesto del 156% establecido para el azúcar pura.
El truco consistía en realizar una combinación física de sacarosa o azúcar de caña con aditivos no convencionales, específicamente carbón activado y otras sustancias químicas ajenas a los edulcorantes aromatizados tradicionales. Una vez que el cargamento cruzaba la frontera de manera legal bajo el concepto de «preparación industrial», la mezcla era sometida a procesos de filtrado para separar el carbón, recuperar el azúcar limpia y comercializarla a precios extremadamente bajos en el mercado mexicano, dañando la cadena de valor local.
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Nuevas reglas aduaneras: El regreso de los permisos previos
Para frenar este esquema ilícito, la Secretaría de Economía publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que impone el requisito obligatorio de permisos previos de importación. Esta medida abarca las fracciones arancelarias correspondientes al azúcar de caña, azúcar de remolacha, azúcares líquidos refinados y todas aquellas variantes con adición de colorantes o aromatizantes.
La normativa entrará en vigor de manera plena en cuanto la plataforma tecnológica de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior libere la infraestructura para este trámite específico. Con esto, cada importador deberá comprobar el origen exacto, el destino final y el uso de los cargamentos antes de recibir la autorización de internamiento al país.
El impacto social de una industria de interés público
La intervención del gobierno federal responde a la necesidad de salvaguardar un pilar de la economía rural. La agroindustria de la caña de azúcar en México tiene un impacto profundo: aporta más de 500,000 empleos directos y beneficia a cerca de 2.4 millones de personas de manera indirecta.
Las operaciones del sector se extienden a lo largo de 290 municipios distribuidos en 16 entidades federativas, brindando sustento y estabilidad a comunidades donde habitan más de 12 millones de mexicanos. Al estabilizar los precios internos y frenar la competencia desleal del contrabando técnico, se busca asegurar la viabilidad de las cosechas locales en un país que, de manera paralela, se mantiene como el octavo exportador mundial de este insumo.