En una acción sin precedentes, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha activado por primera vez para México el Artículo 34 de la Convención Internacional, abriendo la puerta a que la alarmante crisis de desapariciones forzadas sea llevada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta decisión se produce ante lo que el Comité considera «indicios bien fundados» de que este crimen se practica de forma «generalizada o sistemática» en el país. Paralelamente, el CED ONU dictó medidas cautelares urgentes por los hallazgos en una fosa clandestina en Teuchitlán, Jalisco, mientras la cifra oficial de personas desaparecidas supera las 126,000 y la reacción del gobierno mexicano no se ha hecho esperar, acusando al órgano de la ONU de sesgo político.
Artículo 34: ONU Pone la Lupa sobre México por Desapariciones Forzadas Sistemáticas
El presidente del CED, Olivier de Frouville, confirmó la activación del Artículo 34, un mecanismo reservado para situaciones de extrema gravedad. Explicó que, tras recibir información fundamentada sobre la posible práctica «generalizada o sistemática» de las desapariciones forzadas en México, el Comité solicitará información pertinente al Estado mexicano.
Aunque De Frouville enfatizó que esto no implica un prejuzgamiento y que se busca mantener un «diálogo constructivo», la activación de este artículo faculta al CED a llevar el caso directamente a la Asamblea General de la ONU si la información confirma la gravedad de la situación.
Es la primera vez que México enfrenta este nivel de escrutinio por parte del Comité Desaparición Forzada ONU bajo este artículo específico.
Medidas Cautelares Urgentes por Fosa Clandestina en Teuchitlán
En una acción separada pero igualmente relevante, el CED respondió a una petición de las organizaciones Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Solidaria Consultora, dictando medidas cautelares respecto a los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
Este predio, presuntamente usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de exterminio, es ahora foco de atención internacional.
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El Comité expresó preocupación por el «riesgo de daño irreparable a las pruebas» y los obstáculos para la participación de las familias. Las medidas urgentes exigidas al Estado mexicano incluyen:
- Resguardar el predio y asegurar la participación familiar en búsquedas e investigaciones.
- Proteger los restos óseos y pruebas, respetando la cadena de custodia.
- Realizar análisis genéticos inmediatos para identificación y comparación con perfiles de desaparecidos.
- Analizar objetos personales encontrados.
- Realizar un análisis de contexto para determinar patrones y modus operandi.
La Magnitud de la Tragedia: Más de 126,000 Desaparecidos
Estas acciones de la ONU ocurren en un contexto desolador. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay actualmente más de 126,000 personas desaparecidas y no localizadas. Esta cifra evidencia la profunda crisis de desaparecidos que enfrenta el país y la urgencia de respuestas efectivas.
Gobierno Mexicano Responde a la ONU: Acusaciones de «Orientación Política»
La reacción del oficialismo no tardó. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó a «grupos» dentro del CED ONU de actuar «de manera facciosa» y con «orientación política e ideológica», asegurando que «no les gustan los gobiernos progresistas».
Alcalde afirmó que desde 2018 el gobierno mexicano «no desaparece personas ni viola derechos humanos» y destacó las estrategias de búsqueda implementadas, incluyendo las recientes iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Previamente, SRE y Segob emitieron un comunicado negando que la desaparición sea una política de Estado consentida o permitida.
Expertos Analizan: Responsabilidad por Omisión y Presión Internacional
Frente a la postura gubernamental, expertos matizan la situación. Santiago Corcuera, expresidente del CED, calificó como un «error muy grave» la negación de responsabilidad estatal, aclarando que el Comité no habló de «política de Estado», pero sí puede existir responsabilidad por aquiescencia del Estado (omisión o negligencia en prevenir o sancionar).
«Cuando un agente del Estado no hace lo que debe hacer […] se considera aquiescencia», explicó, lo que convierte desapariciones, incluso por actores no estatales, en forzadas con implicación estatal.
Por su parte, Jacobo Dayán (UNAM) consideró que la activación del Artículo 34 aumentará la presión internacional sobre México. Señaló que la preocupación no es por casos aislados, sino por un «patrón sistemático» que justifica la intervención de instancias como la Asamblea General. Enfatizó la necesidad de que México colabore con colectivos y expertos internacionales para superar el caos en registros, mejorar identificaciones y garantizar justicia.
La doble acción del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU marca un punto crítico en la relación de México con los organismos internacionales de derechos humanos y en el abordaje de la lacerante crisis de desapariciones forzadas.
La activación del Artículo 34 y las medidas cautelares en Jalisco subrayan la gravedad de la situación percibida a nivel internacional. Mientras el gobierno mexicano defiende su actuación y denuncia sesgos políticos, las voces expertas apuntan a la responsabilidad estatal por omisión y a la necesidad urgente de colaboración y transparencia.
El camino hacia la posible intervención de la Asamblea General de la ONU apenas comienza, pero la presión sobre México para ofrecer resultados concretos ante las más de 126 mil desapariciones es hoy más fuerte que nunca.