Las protestas que sacuden Irán desde diciembre de 2025 no surgieron de la nada. Son el resultado de una crisis económica prolongada, marcada por el colapso del rial iraní, una inflación desbordada y el deterioro de las condiciones de vida. A ello se suma la mala gestión de servicios esenciales como el acceso al agua. Lo que comenzó como huelgas de comerciantes en el Gran Bazar de Teherán pronto se extendió a 27 de las 31 provincias, convirtiéndose en un movimiento nacional.
Las consignas evolucionaron rápidamente: de demandas económicas a exigencias políticas más amplias, incluyendo el fin de la República Islámica y la defensa de derechos humanos, dignidad y libertad. Las protestas dejaron de ser sobre el valor del rial y pasaron a cuestionar el sistema en su conjunto.
La represión letal del Estado
La respuesta de las autoridades fue inmediata y violenta. En lugar de abrir espacios de diálogo, las fuerzas de seguridad recurrieron a armas de fuego, escopetas con perdigones, gas lacrimógeno y palizas contra manifestantes pacíficos. Según Amnistía Internacional, las propias autoridades iraníes han admitido que unas 2,000 personas han muerto durante la represión de las protestas.
La magnitud de la violencia se refleja en hospitales y morgues saturados, entierros apresurados sin identificación y testimonios de desapariciones forzadas. La Guardia Revolucionaria Islámica y la policía FARAJA han desplegado tácticas letales de manera sistemática y coordinada en múltiples provincias. Además, se han registrado allanamientos nocturnos, detenciones arbitrarias de adolescentes y desapariciones forzadas, prácticas que apuntan a posibles crímenes de derecho internacional.
El apagón digital: censura y ocultamiento
El 8 de enero, las autoridades impusieron un corte deliberado de internet y telecomunicaciones, sumiendo al país en una “oscuridad digital”. Esta medida buscó ocultar la magnitud de las violaciones de derechos humanos y evitar que la población pudiera documentar y compartir lo que ocurría en las calles, hospitales y centros de detención.
El acceso a internet es un derecho humano básico, y su suspensión constituye una violación grave. Sin comunicaciones, resulta más difícil denunciar homicidios ilícitos, localizar desaparecidos o exigir justicia. Amnistía Internacional advierte que tras el apagón digital se intensificó el uso de fuerza letal, provocando nuevas muertes.
Riesgo de ejecuciones y juicios exprés
El 12 de enero, el jefe del poder judicial ordenó a los fiscales actuar “sin clemencia” contra los manifestantes, intensificando el temor a ejecuciones arbitrarias. Entre los casos más alarmantes está el de Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte tras un juicio exprés. Este patrón reproduce la estrategia vista en el levantamiento de 2022, cuando la pena de muerte se utilizó como herramienta de represión masiva.
La amenaza de ejecuciones inminentes refuerza el clima de miedo y busca sofocar la disidencia. Las familias de los detenidos enfrentan coacción y amenazas, mientras las comunidades minoritarias sufren una represión agravada.
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Grupos en mayor riesgo
Las personas que se manifiestan, los heridos y los menores están en primera línea de riesgo. Muchos han sido disparados, golpeados o detenidos arbitrariamente. Los heridos enfrentan el dilema de acudir a hospitales vigilados por fuerzas de seguridad, lo que puede derivar en detenciones. Niños y adolescentes figuran entre las víctimas más vulnerables, con casos documentados de detenciones de menores de apenas 14 años.
Las familias de las víctimas también son blanco de amenazas y coacción. Las autoridades las obligan a aceptar versiones oficiales falsas y las intimidan con entierros en secreto. Minorías étnicas y religiosas, como las comunidades kurda, luri, baluchi y bahaí, enfrentan violencia especialmente letal. Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas digitales están expuestos en un contexto de censura y criminalización sistemática.
Exigencias de la comunidad internacional
La comunidad internacional exige el cese inmediato de la represión violenta y el respeto pleno al derecho de reunión pacífica. Entre las demandas clave se incluyen:
- Cese del uso ilegítimo de la fuerza, incluidas armas de fuego.
- Liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente.
- Restablecimiento del acceso pleno a internet.
- Cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos.
Estas exigencias buscan frenar una represión que amenaza con convertirse en una crisis humanitaria de mayor escala.
Las protestas en Irán de 2025-2026 son el reflejo de una sociedad que clama por dignidad y libertad frente a un Estado que responde con violencia y censura. La represión letal, el apagón digital y el riesgo de ejecuciones arbitrarias configuran un escenario alarmante que requiere atención urgente. Documentar, denunciar y exigir rendición de cuentas son pasos esenciales para evitar que la oscuridad se imponga sobre la verdad.