
El caso de Ismael «El Mayo» Zambada García ha vuelto a colocarse bajo los reflectores internacionales, provocando sacudidas tanto en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum como en corte de Nueva York y la relación diplomática entre México y Estados Unidos.
A escasos días de que el juez Brian Cogan dicte su sentencia formal en la corte de Brooklyn, la defensa del narcotraficante ha movido su última pieza, a la par que el Gobierno mexicano reclama con dureza la falta de transparencia en el operativo que terminó con su captura en julio de 2024.
La petición de el Mayo de última hora: ¿Prisión o clínica?
Desde su declaración de culpabilidad el año pasado, se asumía que la condena inevitable para el Mayo Zambada sería la cadena perpetua, pero sus abogados formalizaron una petición crucial. Debido al avanzado y deteriorado estado de salud del cofundador del Cártel de Sinaloa, la defensa ha solicitado formalmente al juez Cogan que su cliente no sea enviado a un penal de máxima seguridad, sino a una prisión hospital.
El objetivo es que el Mayo, considerado por las autoridades estadounidenses como una figura con un poder financiero y de influencia superior al de Joaquín «El Chapo» Guzmán —con una red de complicidades estimada en 14,000 millones de dólares—, pueda recibir los cuidados médicos necesarios durante el resto de sus días. La decisión final sobre este traslado y los términos de su colaboración con el gobierno norteamericano se definirán en la audiencia programada.
El «trofeo» del FBI que desató la furia en Palacio Nacional
El caso tomó una dimensión política de alto calibre tras una revelación del portal Pie de Nota, del periodista Luis Chaparro. En dicho informe se dio a conocer que la avioneta en la que «El Mayo» fue trasladado a territorio estadounidense en 2024 está siendo exhibida actualmente como una pieza de museo por parte del FBI, presentándola como el símbolo de un operativo exitoso.
Esta exposición pública, interpretada en México como la exhibición de un trofeo, desató una enérgica reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. En su conferencia matutina, la mandataria afirmó categóricamente que «alguien mintió» respecto a la captura del narcotraficante, señalando de forma directa al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
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Tensiones bilaterales y exigencia de respuestas
De acuerdo con los reportes oficiales, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se solicitó formalmente una explicación sobre los hechos, bajo la hipótesis inicial de un presunto secuestro en territorio mexicano. Sin embargo, las respuestas nunca llegaron de manera clara.
Ante el panorama actual, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que de confirmarse que el FBI actuó de manera unilateral para la extracción de Zambada, se habría incurrido en una flagrante violación a la soberanía nacional y a los tratados internacionales. Por su parte, el canciller Roberto Velasco confirmó que ya se ha enviado una solicitud formal de informe al organismo estadounidense para deslindar responsabilidades.
La expectativa ahora se traslada a la Fiscalía General de la República (FGR). A pesar de que se anticipaba la comparecencia de autoridades ministeriales en Palacio Nacional para esclarecer los avances de la investigación local sobre cómo se extrajo al capo del país, el informe detallado sigue pendiente. Con la fecha de la sentencia encima en Nueva York, los cuestionamientos crecen y la presión política amenaza con congelar la cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones.