La recién aprobada Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 en México ha sido el centro de diversos debates entre especialistas, legisladores y organizaciones civiles. Mientras el gobierno la presenta como una herramienta para democratizar el acceso digital y fortalecer los derechos de las audiencias, críticos advierten sobre riesgos de concentración de poder, censura y vigilancia estatal.
Transformaciones estructurales
Uno de los cambios más significativos es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Esta última, aunque con autonomía técnica, dependerá del Ejecutivo, lo que ha despertado inquietudes sobre su independencia real.
Además, se eliminan contrapesos como la Cofece y el INAI, lo que centraliza funciones regulatorias en manos del gobierno federal.
La ley busca cerrar la brecha digital en zonas marginadas, donde más de 15 millones de personas carecen de acceso a internet. Se promueve la participación de operadores comunitarios y se facilita el despliegue de infraestructura, incluso con incentivos para empresas privadas y CFE-Internet para Todos.
También se establece el acceso gratuito a internet en espacios públicos y se simplifican trámites para concesiones sociales, educativas y culturales.
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Derechos de las audiencias
Uno de los pilares del dictamen es la restitución de los derechos de las audiencias, eliminados en reformas anteriores. Los medios deberán contar con defensorías de audiencias, códigos de ética y distinguir claramente entre contenido informativo y opinión.
Se fortalece la radiodifusión comunitaria e indígena, permitiéndoles vender publicidad local y acceder a financiamiento público.
A pesar de los avances, persisten preocupaciones:
- Vigilancia estatal: La ley permite el acceso a geolocalización en tiempo real y conservación de metadatos por dos años, incluso sin orden judicial en ciertos casos.
- Censura potencial: Aunque se eliminó el artículo que permitía bloquear plataformas digitales, sigue vigente la facultad de suspender transmisiones que “violenten derechos de las audiencias”, lo que algunos consideran ambiguo.
- · Concentración de poder: La ATDT asume funciones regulatorias, de supervisión y concesión, lo que podría convertir al gobierno en “juez y parte” del ecosistema digital.
Posiciones encontradas sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la Ley de Telecomunicaciones, asegurando que no implica censura ni espionaje, y que cualquier intervención requiere orden judicial.
Sin embargo, legisladores como Federico Döring y Ana González la han calificado como una “Ley Censura”, señalando que vulnera la libertad de expresión y los derechos ciudadanos.
La Ley de Telecomunicaciones 2025 representa un cambio profundo en el marco legal del sector en México. Si bien incluye medidas positivas para la conectividad y los derechos de las audiencias, también plantea desafíos en términos de transparencia, autonomía regulatoria y protección de datos personales.
Su implementación requerirá vigilancia ciudadana, participación activa de los medios y una revisión constante para evitar que los avances digitales se conviertan en herramientas de control.