El Ejecutivo Federal finalmente presentó la esperada Reforma Electoral, iniciativa que modifica 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de modernizar el sistema electoral y reducir costos. La propuesta debe aprobarse antes del 15 de mayo, junto con las leyes secundarias.
La propuesta, que ha generado un intenso debate político, plantea cambios estructurales en la representación legislativa, el financiamiento de partidos y la organización del sistema electoral, con el objetivo de reducir costos y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Reducción de legisladores y representación proporcional
La reforma propone una reducción significativa en el número de legisladores. En el Senado, se plantea pasar de 128 a 96 integrantes, eliminando la lista nacional de 32 plurinominales que históricamente ha permitido la representación proporcional. En la Cámara de Diputados, el cambio es más complejo: se busca modificar el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional.
La idea es que 100 de esos lugares sean ocupados por los “segundos mejores lugares” en cada distrito, mientras que los otros 100 se asignen por circunscripción, con un esquema que recuerda al modelo utilizado en la polémico elección judicial. Este ajuste, aunque presentado como una forma de democratizar la selección de plurinominales, ha generado preocupación sobre el impacto que tendría en el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso, ya que podría favorecer al partido mayoritario.
Financiamiento electoral y gasto público
Otro eje central de la iniciativa es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La propuesta contempla un recorte del 25% en el presupuesto ordinario destinado a estas organizaciones, además de una disminución de recursos para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). A partir de 2027, los sueldos de consejeros y funcionarios electorales no podrán superar el salario de la presidenta de la República. Aunque estas medidas responden a un reclamo ciudadano de austeridad, partidos opositores y aliados de Morena han señalado que la reducción es inequitativa, pues beneficia a quienes cuentan con mayor representación y recursos, mientras que debilita a las fuerzas políticas minoritarias.
Ajustes en los procesos electorales
La reforma también incluye la prohibición de la reelección inmediata a partir de 2030, lo que busca garantizar la renovación de los cuadros legislativos y limitar la permanencia de figuras en el poder. En cuanto a los procesos electorales, se establece que el cómputo de votos en elecciones locales iniciará la misma noche de la jornada, y no hasta el miércoles siguiente como ocurre actualmente. Los OPLES mantendrán su estructura, pero se les retira la atribución de educación cívica, lo que ha generado críticas sobre el impacto que esto podría tener en la formación ciudadana.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Dentro de Morena, el coordinador de los senadores Ignacio Mier reconoció que la reforma constitucional requiere mayoría calificada, por lo que se prepara un “plan B” que consistiría en impulsar cambios a través de leyes secundarias, las cuales no necesitan el mismo nivel de consenso. Este plan alternativo permitiría avanzar en la reducción de recursos y ajustes al INE sin necesidad de modificar la Constitución. Sin embargo, partidos aliados como el Verde y el PT han mostrado reservas, especialmente en lo relativo al financiamiento, lo que ha obligado a Morena a manejar con cautela las negociaciones para no poner en riesgo la coalición.
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¿Qué dice la oposición?
Por su parte, la oposición ha aprovechado la coyuntura para fortalecer su discurso. El PAN y el PRI han criticado la iniciativa, señalando que concentra poder en el partido mayoritario y debilita la pluralidad democrática. Alejandro Moreno, líder del PRI, ha llamado a construir una nueva coalición opositora que incluya al Movimiento Ciudadano, con el objetivo de frenar la reforma y recuperar espacios de representación. Este movimiento refleja la intención de la oposición de usar la reforma como bandera para reorganizarse de cara a las próximas elecciones.
A tomar en cuenta
La propuesta de Sheinbaum ha sido calificada como una reforma “suavizada” respecto a versiones anteriores que se percibían como una amenaza mayor para la democracia. Sin embargo, los cambios planteados siguen siendo de gran calado y podrían alterar de manera significativa la dinámica política del país. La eliminación de plurinominales en el Senado, la modificación en la Cámara de Diputados y la reducción de recursos a partidos y al INE son medidas que, aunque presentadas como ajustes técnicos y de austeridad, tienen implicaciones profundas en la representación y en la competencia electoral.
El debate en el Congreso será decisivo. Morena y sus aliados deberán convencer a sectores reticentes para alcanzar la mayoría calificada, mientras que la oposición buscará capitalizar el descontento con la reducción de recursos y la concentración de poder. En paralelo, la posibilidad de un plan B mantiene abierta la ruta de cambios por la vía de leyes secundarias, lo que asegura que, de una forma u otra, el sistema electoral mexicano enfrentará transformaciones en los próximos meses.
Esta propuesta, también llamada, Decálogo por la Democracia se presenta como una reforma que pretende modernizar y hacer más eficiente el sistema electoral, pero también como un proyecto que redefine las reglas del juego político. La discusión no solo será técnica, sino política, pues en ella se juega el equilibrio de poder en el Congreso y la manera en que los ciudadanos estarán representados en los próximos años.
La fecha límite del 15 de mayo marca un horizonte cercano para conocer si esta iniciativa se convierte en una reforma constitucional o si se abre paso a través de la legislación secundaria. En cualquier escenario, el impacto será trascendental para el futuro democrático de México.