El 14 de julio de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos oficializó la imposición de un arancel del 17.09% a las importaciones de tomate mexicano, tras la cancelación del Acuerdo de Suspensión de Derechos Antidumping firmado en 2019. Esta disputa comercial que se remonta a 1996 y que ha enfrentado a productores de México y Florida por más de dos décadas.
La medida, que entró en vigor de inmediato, afecta directamente a un mercado valuado en más de 2,800 millones de dólares anuales, donde México abastece cerca del 90% de la demanda estadounidense de tomate fresco. El gobierno estadounidense argumenta que los productores mexicanos han incurrido en prácticas de dumping, vendiendo el fruto por debajo de su valor justo, lo que ha perjudicado a la industria local.
¿Por qué se impuso el arancel al tomate?
La decisión se basa en la terminación unilateral del acuerdo de 2019, que suspendía la investigación antidumping a cambio de que México respetara precios mínimos de exportación. Según el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick:
“México sigue siendo uno de nuestros mayores aliados, pero durante demasiado tiempo nuestros agricultores han sido aplastados por prácticas comerciales injustas”.
Aunque inicialmente se había anunciado un gravamen del 20.91%, este fue ajustado al 17.09%, lo que sigue representando un golpe significativo para los productores mexicanos, especialmente en estados como Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California, que concentran más del 80% de la producción nacional.
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Impacto económico y social
La cadena de exportación del tomate mexicano sostiene más de 500,000 empleos en México y genera beneficios económicos binacionales por más de 8,000 millones de dólares. La imposición del arancel no solo encarece el producto en Estados Unidos, sino que también pone en riesgo la estabilidad de miles de familias mexicanas que dependen de esta industria.
En el primer semestre de 2025, las exportaciones de tomate ya habían caído un 11.6%, anticipando el impacto de la medida. Analistas estiman que el precio del tomate en EE.UU. podría aumentar hasta un 7%, afectando directamente al consumidor final.
Reacciones del gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como “injusta y perjudicial para ambos países” y anunció que su administración trabaja para mitigar los efectos del arancel. “Es muy difícil que se deje de exportar tomate a Estados Unidos porque no les alcanza con su producción nacional para cubrir la demanda”, declaró en conferencia matutina.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó una delegación en Washington para buscar una renegociación del acuerdo. En entrevistas, Ebrard recordó que en 2019 México tardó seis meses en lograr un nuevo pacto tras una situación similar, y confía en que se pueda alcanzar otro entendimiento.
Tensiones comerciales y diplomáticas
La imposición del arancel al tomate se suma a otras medidas proteccionistas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, como los gravámenes al acero, aluminio y autopartes mexicanas. Además, se ha anunciado un posible aumento del arancel general a productos mexicanos fuera del T-MEC, del 25% al 30% a partir de agosto.
Diversas asociaciones empresariales estadounidenses, como la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Restaurantes, han expresado su preocupación por el impacto económico de la medida. En una carta dirigida al secretario Lutnick, más de 30 organizaciones pidieron mantener el acuerdo vigente y evitar represalias comerciales por parte de México.
El arancel del 17% al tomate mexicano representa mucho más que una medida fiscal: es un reflejo de las tensiones comerciales entre dos países profundamente interdependientes. Mientras Estados Unidos busca proteger a sus productores locales, México enfrenta el reto de defender una industria clave para su economía y su tejido social.