El pasado viernes 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, por cuatro cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Esta audiencia representa un golpe contra el Cártel de Sinaloa, pero también desató una fuerte controversia entre México y Estados Unidos.
Vestido con el clásico overol naranja de los reos federales, encadenado de los pies y visiblemente afectado, Ovidio Guzmán admitió haber supervisado la producción y tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia territorio estadounidense.
Como parte del acuerdo judicial, se comprometió a colaborar con las autoridades norteamericanas, lo que podría incluir testimonios contra otros capos y revelar información clave sobre las operaciones del cártel.
Además de aceptar su culpabilidad, Guzmán acordó pagar una multa de 80 millones de dólares, que refuerza la magnitud de sus actividades ilícitas. La jueza Sharon Coleman pospuso la sentencia final para dentro de seis meses, tiempo en el que se evaluará la utilidad de su cooperación.
Ovidio Guzmán: El contexto legal y político del acuerdo
La declaración de culpabilidad se realizó bajo la Regla 20 del Código Penal Federal de EE.UU., que permite transferir casos entre distritos judiciales cuando el acusado desea colaborar. Originalmente, Ovidio Guzmán enfrentaba cargos en Nueva York, pero el caso fue trasladado a Chicago para agilizar el proceso.
Este acuerdo judicial fue celebrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como un “hecho histórico” en el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, en México, la reacción fue mucho más compleja.
Te recomendamos leer: Familia de Ovidio Guzmán se Entrega al FBI
La respuesta del gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad con el proceso, cuestionando la “falta de coherencia” del gobierno estadounidense al negociar con líderes del narcotráfico mientras los clasifica como terroristas.
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que México no establece relaciones de complicidad con nadie y exigió transparencia sobre los términos del acuerdo.
La tensión escaló cuando el abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, calificó de “absurda” la postura del gobierno mexicano y acusó a Sheinbaum de actuar como “brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”. Ante estas declaraciones, la mandataria anunció que presentará una demanda por difamación contra Lichtman, señalando que no dialogará con defensores de narcotraficantes.
La Fiscalía General de la República (FGR) también emitió un comunicado rechazando las acusaciones del abogado, calificándolas de “irresponsables” y “sin pruebas”. La FGR recordó que fue México quien logró la captura de Guzmán en enero de 2023, en un operativo que costó la vida de diez militares, y que su extradición se realizó conforme a la ley.
Implicaciones futuras
El caso de Ovidio Guzmán no solo representa un avance judicial, sino también una prueba de fuego para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. La cooperación del acusado podría revelar información sensible sobre otros líderes del narcotráfico, rutas de distribución, vínculos políticos y estructuras financieras del Cártel de Sinaloa.
Además, el juicio ha reavivado el debate sobre el papel del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado. La referencia al caso del general Salvador Cienfuegos, exonerado en México tras ser acusado por la DEA, volvió a poner en duda la credibilidad institucional del país ante sus socios internacionales.
El juicio de Ovidio Guzmán es mucho más que una audiencia judicial: es un evento que expone las tensiones diplomáticas, los desafíos legales y las contradicciones en la política de seguridad binacional. Mientras Estados Unidos celebra una victoria judicial, México enfrenta una narrativa compleja que exige claridad, firmeza y transparencia.